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POLITICA
El mito de las elecciones
en Cuba
Esmeralda Rodríguez Campos
LA HABANA, mayo (www.cubanet.org) - Muchas personas
de buena voluntad, sobre todo dentro de las izquierdas,
frente a las acusaciones contra Cuba levantan
las elecciones en Cuba, cuyos resultados arrojan
una abrumadora mayoría favorable al sistema
socialista. Mi pretensión no es otra que
demostrar, a partir de la propia ley electoral
cubana, cómo las elecciones en Cuba no
son un mecanismo de participación ciudadana
sino de encubrimiento de un gobierno autoritario.
La Constitución cubana de 1976, reformada
en 1992 y el 2002, establece el derecho al voto
de todos los ciudadanos cubanos mayores de 16
años, excepto los enfermos mentales y los
inhabilitados para votar por causa de delito.
Llama la atención, en primer lugar, que
la edad con la que se adquieren los derechos políticos
es la de 16 años, dos años antes
de la mayoría de edad y la pena capacidad
de obrar, tal como se establece en el Código
Civil. ¿Cómo concederle a quien
por el propio ordenamiento jurídico general
se considera incapaz de regir el destino de su
persona y bienes, la posibilidad de decidir el
destino de otros? Tengo la impresión de
que no se trata de benevolencia del legislador,
simplemente se le conceden derechos políticos
a uno de los sectores más vulnerables de
la población, no sólo porque la
corta edad es un obstáculo para la madurez
política, sino porque en su inmensa mayoría
está en contra de su voluntad y la de sus
padres cursando estudios como internos en escuelas
alejadas de su domicilio donde resulta más
fácil la influencia "educativa"
del sistema y donde muchas veces tienen que ejercer
el voto.
Pero lo que más increíble resulta
es cómo el gobierno viola sin el menor
escrúpulo su propia "legalidad",
pues en contra de lo establecido en el artículo
132 de la Constitución, la Ley 72 de 1992,
Ley Electoral, en su artículo 6 exige que
para votar se sea residente en el país
por un período no menor de dos años
antes de las elecciones y estar inscripto en el
Registro Electoral.
No escapa a cualquier observador la intención
evidente de privar de derechos a todos los cubanos
que durante estos 45 años han emigrado
buscando el bien personal y de sus familias, no
sólo en el orden económico como
quiere hacernos creer la oficialidad, sino fundamentalmente
buscando mayor libertad y pleno desarrollo de
su dignidad humana. Claro que a la inmensa mayoría
de los cubanos en el exilio no se les ocurriría
participar en unas elecciones convocadas desde
la isla; pero si fuera posible, podrían
alcanzar determinados escaños en el Parlamento
cubano con un voto ya libre de presiones de todo
tipo. Y esto es precisamente lo que se quiere
evitar.
Sería útil pasar revista a las
principales fases del proceso electoral cubano
para develar aún más la esencia
antidemocrática de éste. La convocatoria,
tanto en el caso de las elecciones parciales como
las generales, la realiza el Consejo de Estado,
que a su vez designa la Comisión Electoral
Nacional, encargada de organizar y dirigir el
proceso electoral y designar a las comisiones
electorales de nivel inferior.
Aquí se pone de manifiesto la falsedad
de la propaganda gubernamental, cuando afirma
que el Partido Comunista de Cuba no interviene
en las elecciones, pues ni postula ni elige. Esta
Comisión Electoral está integrada
por militantes del Partido y no personajes públicos
imparciales, por figuras como el ministro de Justicia
y el Rector de la Universidad de La Habana, harto
comprometidos con el sistema que para nada garantizan
transparencia en el proceso, teniendo en cuenta
además que las comisiones electorales funcionan
como tribunales electorales para conocer de los
litigios que existan en la materia.
Sobra decir que no conozco de ningún proceso
en que se haya ventilado un caso de fraude electoral,
y no porque las elecciones en Cuba sean las más
limpias y libres del mundo. Sépase que
en las elecciones cubanas para cargos a nivel
municipal, una persona puede resultar nominada
contra su voluntad, creando un lazo difícil
de romper, por temor a que se desaten represalias
en el centro donde labora y el lugar donde reside;
de ahí que casi ninguno de los candidatos
a nivel municipal tiene real interés en
resultar electo ni disputar un asiento desde el
cual no se contribuye al bien de los electores
ni del país.
Debe ocupar la atención de los electores
también la nominación de los candidatos.
Si se trata de los delegados a la Asamblea Municipal,
nos encontramos con una de las manifestaciones
más democráticas dentro del sistema
electoral cubano, pues nominan los vecinos reunidos
en asambleas de nominación, eligiendo posteriormente
entre los varios propuestos. El sistema se permite
esta libertad porque estos delegados no son más
que agentes que, lejos de resolver los problemas
de la comunidad, se encargan de dar explicaciones
y pretextos absurdos para justificar su propia
inactividad y su falta de responsabilidad en estos
asuntos. No obstante, no se ha vacilado en utilizar
mecanismos de presión cuando años
atrás el ahora mundialmente conocido Oswaldo
Payá intentó postularse como delegado
por la circunscripción donde reside.
Tratándose de delegados a la Asamblea
Provincial y diputados a la Asamblea Nacional,
ya el sistema de nominación es diferente.
Esta nominación la realizan las propias
asambleas municipales. En teoría, pues
realmente se limitan a aprobar las propuestas
que presentan las comisiones de candidaturas.
¿Qué son estas comisiones de candidaturas?
Las integran representantes de las llamadas "organizaciones
sociales y de masas", los Comités
de Defensa de la Revolución, la Central
de Trabajadores de Cuba, organizaciones estudiantiles,
la asociación de los campesinos cubanos
y otras, excluyendo sólo nominalmente a
la Unión de Jóvenes Comunistas y
al Partido Comunista de Cuba, pues en realidad,
los representantes son al mismo tiempo militantes
del citado Partido o de la Juventud, y responden
a los lineamientos de la dirección política
del país.
Las comisiones de candidaturas son finalmente
un filtro para evitar que alguien con alguna independencia
de criterio pueda llegar a obtener algún
puesto de responsabilidad o dirección.
Es el mecanismo más antidemocrático,
pues constituye un órgano creado ad hoc
cuyos miembros son nombrados por las organizaciones
implicadas y no son elegidos por nadie.
Una vez nominados los candidatos a todos los
niveles, lo lógico sería que procediera
la campaña electoral, donde cada uno de
los candidatos exponga su programa político,
los planes que piensa desarrollar si resulta definitivamente
elegido, pero evidentemente esto no puede ser
así en Cuba. No hay un programa político
distinto para cada candidato, sino que todos tienen
que tener necesariamente un mismo programa, el
del Partido Comunista de Cuba, que nadie se entretiene
en publicar o anunciar, pues todo el mundo lo
da por supuesto: el mantenimiento del sistema
unipartidista y del gobierno personal del Comandante
en Jefe.
La campaña electoral se reduce a la publicación
de las biografías oficiales de los candidatos,
una recopilación de los estudios realizados,
la trayectoria laboral, y los méritos alcanzados
a los ojos del poder en cuanta tarea se les ha
asignado. Para nada se tienen en cuenta las aptitudes
de la persona para representar los verdaderos
intereses de los electores. Las biografías
se ubican en un lugar público, pero en
realidad casi nadie se entretiene unos minutos
en leerlas, pues se conoce que todos son candidatos
del oficialismo.
Finalmente llegado el día de la votación,
"el pueblo acude temprano a las urnas para
expresar la voluntad popular", según
proclama la propaganda oficial. Establece la Constitución
que el voto es igual, libre, directo y secreto.
La igualdad del voto no merece comentario, pues
es un logro de todos los sistemas electorales
de manera que una persona sólo vote una
vez, en igualdad de condiciones con respecto a
las demás.
Pero que el voto sea libre no resulta creíble,
a pesar de estar reconocido legalmente como un
derecho y no como un deber. No hay ley en Cuba
que sancione el no ejercicio del voto, y por ese
motivo no se puede procesar a ninguna persona,
pero sobre la misma se ejercen una serie de presiones
que convierten este derecho en una obligación,
cuya falta puede traer desastrosas consecuencias
en el orden personal y familiar. Los Comités
de Defensa de la Revolución, una agrupación
de vecinos que el gobierno intenta presentar como
integrante de la sociedad civil, son los encargados
de acudir puerta por puerta para que las familias
enteras se vean precisadas a acudir a las urnas
so pena de que se informe al centro laboral y
se tomen allí represalias, lo que es sumamente
grave en un sistema donde el Estado es el único
empleador.
La secretividad del proceso se garantiza con
unas mal preparadas cabinas de votación
que hacen sospechar a muchos, por lo cual desisten
de sus deseos de anular o dejar en blanco la boleta;
además de la custodia de las urnas por
los "pioneros". Muestra no de la transparencia
del proceso, sino del desinterés general
por un acto meramente formal. El voto es directo
para elegir todas las denominadas asambleas del
poder popular desde el año 1992, pero éstas
no se reúnen más que unas pocas
veces al año para ratificar lo realizado
por el gobierno, por lo que los verdaderos puestos
de responsabilidad no son elegidos de forma directa
y escapan de la voluntad popular.
Sobre el escrutinio o conteo de los votos, formalmente
es público pero ya se han dado varios casos
reflejados por la prensa internacional en que
miembros de la oposición interna han intentado
acudir a ellos para verificar la transparencia
del conteo y no se les ha permitido el acceso.
A lo que hay que añadir que cada colegio
cierra a la hora en que termina, lo que no contribuye
a la claridad del proceso. Sobre la publicación
de los resultados no hay que abundar mucho, de
todos son conocidos los astronómicos porcientos
de participación y de votos favorables,
que obviamente hay que poner en dudas si se tiene
en cuenta las realidades antes expuestas y que
espero que el paciente lector las tome en cuenta
si quiere realmente conocer qué es Cuba
por dentro.
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