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ECOLOGIA
San Isidro, ¡apretaste!
(II y final)
Ariel Delgado Covarrubias
LA HABANA, junio (www.cubanet.org) - La provincia
de Camagüey es la de mayor extensión
territorial del país y la de menor densidad
poblacional, ocupando el sexto lugar en cantidad
de habitantes por provincias. Territorio de gran
importancia en cuanto a producción agrícola
e industrial, es víctima de la sequía
actual, en especial la zona este y su capital.
Paradójicamente Camagüey posee la
mayor capacidad de embalse de la isla, con 52
represas y 1,206 millones de litros cúbicos
potenciales. Durante siete años la sequía
meteorológica ha conllevado a un agotamiento
de sus embalses, con una existencia calculada
en sólo el 25 % o menos. La sequía
hidrológica también golpea, pues
la mayoría de los pozos se han secado y
el nivel de las aguas subterráneas ha disminuido
entre 4 y 5 metros de profundidad.
Para paliar esa crisis en la capital provincial,
tercera del país con algo más de
310,000 habitantes, hoy laboran 55 carros cisternas
para el abastecimiento a la población,
pero las necesidades ascienden a más de
75 de esos equipos. También se trabaja
en la eliminación de grandes salideros
en las redes que abastecen a la urbe, que lo hace
desde tres embalses, la presa Cubano-Búlgara
totalmente seca, y los de Tínima y Pontezuela,
muy deprimidos.
La sequía agronómica ha golpeado
a la provincia como nunca. Territorio eminentemente
ganadero, reporta decrecimiento en la entrega
de leche del orden de los 5 millones de litros,
y la escasez de agua y alimento para el ganado
ha provocado la disminución de su peso
promedio y la defunción de más de
16,000 cabezas, pese a los esfuerzos realizados
para salvarla. Los bajos rendimientos de los cultivos
y la imposibilidad de nuevas siembras ante la
ausencia de las necesarias lluvias y la imposibilidad
del riego levantan un panorama muy sombrío
en esa rica provincia.
La provincia de Holguín no se queda detrás
en este rosario de calamidades. De los últimos
20 años en sólo cuatro se superó
o alcanzó el promedio anual de precipitaciones.
Y los últimos siete han sido intensos,
acumulando un déficit que ahora hace insuficiente
el suministro de tres embalses, que anteriormente
abastecían ampliamente a la capital y sus
necesidades industriales.
Desde julio del pasado año, cuando las
reservas acuíferas estaban al 40 %, se
decretó la fase de alerta por la intensa
sequía. Dos de las tres presas están
agotadas y la tercera sólo posee capacidad,
con un uso limitado, para dos meses a lo sumo.
Se trabaja en una conductora para traer el agua
desde el río Cauto con una extensión
de 53 kilómetros que a un costo de 12 millones
de pesos y medio millón en divisas estará
disponible para el mes de agosto, nunca antes.
Para suministrar el vital líquido a la
capital provincial, con cerca de 300 mil habitantes,
75 carros cisternas de distintos organismos y
hasta de otras provincias abastecen 124 puntos
de distribución, donde se vende el agua
a los necesitados, que según cálculos
ascienden a más de 120 mil. Se reparan
asimismo roturas y salideros en el sistema de
distribución del acueducto, para evitar
pérdidas de tan demandado líquido.
Ya a escala provincial, el municipio Urbano Noris
también está en fase de alerta,
y los restantes van por el mismo camino, salvo
los cuatro de la zona este (Mayarí, Sagua
de Tánamo, Frank País y Moa) que
por estar en zonas montañosas y ricas en
vegetación no están seriamente afectados.
En consecuencia, la sequía agrícola
también produce sus estragos. Hasta el
pasado abril se calculan 450 mil quintales de
menos en cultivos varios por bajos rendimientos
y más de 18 mil cabezas de ganado reciben
el agua por pipas, y han sido trasladados a zonas
menos castigadas y con mayores posibilidades de
alimentación.
En medio de tan dramática situación
no se reportan enfermedades propias de estos acontecimientos,
dado el trabajo desarrollado por el sistema de
salud para evitar posibles y lógicas epidemias.
Todos estos datos han asido suministrados a la
prensa nacional, y aunque se valora la situación,
entre la población de las provincias occidentales
y centrales no se tiene conciencia de su verdadera
magnitud. La ministra del MINCIN señaló
en conferencia de prensa realizada a finales de
abril que su organismo garantizaba una ayuda alimentaria
a 1 millón 300 mil personas de las provincias
afectadas. Ese dato, que no se publicó
en la prensa oficiosa, indica que uno de cada
cuatro residentes en esas zonas requiere de una
ayuda que sólo se brinda en el país
en caso de huracanes a los damnificados.
¿Hasta qué punto lo divulgado se
atiene a la realidad? ¿Hasta cuándo
se mantendrá silencio sobre la verdadera
magnitud de ese desastre? ¿Qué medidas
tomará este gobierno para paliar esa situación
en medio de una situación económica
que se torna cada vez más difícil,
tanto en lo interno como en lo referido al comercio
internacional?
Bastante demora e imprevisión ha resultado
de esta catástrofe climatológica
en una extensión tan grande de la geografía
nacional, para dar vivas y auto bombo a los logros
alcanzados en cuanto a la preservación
del medio ambiente. Basta sólo un dato
para ejemplificar lo dicho: la provincia de Las
Tunas, la de menor nivel de precipitaciones anuales
de todo el país, la que lleva más
de 10 años de intensa e incrementada sequía,
sólo posee un nivel de reforestación
del 2,2 % en los últimos 20 años.
Y nadie puede negar el papel que desempeñan
los árboles y la vegetación para
cuidar los suelos y facilitar las lluvias.
El Estado cubano tiene, además de la responsabilidad
de lo que está pasando, el deber de informarlo
con lujo de detalles a todo el país para
revertir la situación y evitar, en un futuro,
que situaciones como ésta se repitan. Ellos
tienen la palabra.
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