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SOCIEDAD
Obligan a exitoso parcelero a abandonar su siembra
LA HABANA, 16 de diciembre (Reinaldo Cosano Alén,
Lux Info Press / www.cubanet.org) - A raíz
del llamado Plan de Desarrollo de la Agricultura
Urbana, promovido para ayudar a paliar la escasez
de alimentos, a Ramón Salazar Infante,
residente en Isla de la Juventud (antigua Isla
de Pinos) se le permitió acondicionar una
parcela de tierra improductiva, infestada de la
espinosa planta conocida como marabú, frente
al hotel La Gaviota.
Allí, en apenas dos años de duro
trabajo, Salazar Infante ha podido cultivar frutales,
hortalizas y variados vegetales con los que ha
podido servir a la comunidad y beneficiarse él
mismo. Incluso sembró frutales de injerto,
lo que le permitió prontas cosechas.
"Mi labor llamó la atención
de muchos, como ejemplo a seguir. En varias ocasiones
recibí las visitas de dirigentes del Ministerio
de Agricultura, del Partido Comunista y de la
televisión local. Se me entregó
un diploma de reconocimiento al mérito",
expresó Salazar Infante.
"Pero también recibí una visita
muy desagradable. Se personó en mi parcela
la inspectora del Departamento de Planificación
Física, Liudmila Domínguez, enviada
por su directora Yamilé León, solicitando
cierto documento de microlocalización de
una casita muy rústica construida con costaneras
de madera, residuos de un aserrío, con
techo de guano que yo construí para el
cuidado de algunos animales, sus crías,
y para guardar aperos de labranza. Construcción
que, según la inspectora, yo no tenía
legalizada".
Dice también Salazar que él no
poseía documentación del rústico
inmueble por desconocer que era preciso legalizar
lo que en Cuba nunca antes se hizo, y que parece
un absurdo, no obstante mostrarle Domínguez
los restantes documentos de usufructo del terreno
entregado por el Ministerio de Agricultura, y
la propiedad de su vivienda en Nueva Gerona, capital
de Isla de la Juventud.
"Esto fue", expone Salazar, "para
demostrar el fin utilitario de la casucha en función
de la agricultura, y no como vivienda, la que
poseo no lejos del lugar".
La cuestión es que la tan necesaria casita
se ha convertido para Salazar en vórtice
de la tormenta, pues lo obligan a abandonar su
sembradío o tendrá que pagar la
exorbitante multa de veinte mil pesos, respecto
a lo cual ha apelado a la fiscalía municipal
por creer que aquellos funcionarios están
actuando equivocadamente.
"Yo entrego gratuitamente parte de mi cosecha
en beneficio de una institución de niños
abandonados protegidos por el Estado; también
a otra casa de personas con trastornos mentales,
y a un asilo de ancianos. La otra parte de la
cosecha está destinada a la venta, a precios
justos, en agromercados, para el consumo de la
población. Si actúo tan correctamente,
y siempre dentro de la ley, me pregunto: ¿Alguna
sombra oscura está detrás del asunto
debido a mi condición de activista de derechos
humanos, para obligarme a abandonar mi siembra?
Parece una especie de represión política."
Ramón Salazar Infante es miembro de la
Fundación de Derechos Humanos y Fomento
Territorial de Isla de Pinos, en la que ocupa
el cargo de organizador.
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