PRENSA INTERNACIONAL
Abril 7, 2004

Proponen oficina de derechos humanos en Cuba

Martí Noticias, 6 de abril del 2004.

Christine Chanet, la Representante Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Cuba, ha propuesto en Ginebra, Suiza, que se establezca en la isla una entidad independiente para recibir las quejas de personas que consideren que el gobierno de La Habana ha violado sus derechos humanos.

Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó en Washington que Nicaragua, El Salvador y Perú apoyarán el proyecto de resolución de Honduras para condenar la política del gobierno comunista de Cuba en materia de derechos humanos. Funcionarios de Washington dicen que Estados Unidos espera que otras naciones latinoamericanas también lo apoyen.

Por otra parte, Nueva Zelandia, Australia y la República Checa también han anunciado su respaldo a la propuesta.

Chanet pide en su informe a la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos con sede en Ginebra, que se revisen las regulaciones relacionadas con viajes a Cuba y de Cuba hacia el exterior para garantizar la libertad de viaje de los ciudadanos cubanos bajo el Artículo 13 del Código Universal de los Derechos Humanos.

Chanet agrega que es necesario autorizar la entrada en Cuba de organizaciones no gubernamentales y promover en la isla el pluralismo en relación con asociaciones, gremios, prensa y partidos políticos.

Recomienda además el cumplimiento, en Cuba, del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos opcionales y también el Acuerdo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El informe cita graves violaciones de los derechos humanos en la isla, especialmente en relación con la represión política de marzo del 2003 cuando 75 disidentes pacíficos fueron condenados a largas condenas de prisión en juicios cerrados al público y a la prensa internacional.

El Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales, Kim Holmes, elogió el lunes "la valentía" de Honduras por haber presentado un proyecto de resolución que repite el pedido que se ha hecho a Cuba en los dos últimos años, de que el gobierno de Fidel Castro permita que entre en la isla una inspectora de Naciones Unidas para los derechos humanos.


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