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ECONOMIA
INFORMAL
Otro dogal a cuentapropistas
de Pinar del Río
LA HABANA, 1 de agosto (Reinaldo
Cosano Alén / www.cubanet.org) - La Oficina
Nacional Tributaria (ONAT) ha dispuesto que a
partir del 8 de agosto del actual año todos
los trabajadores por cuenta propia de la localidad
tendrán que ser simultáneamente
trabajadores del Estado, y sólo después
de cumplir la jornada laboral podrán dedicarse
a los menesteres de prestación de servicio
a la población, a pesar de estar autorizados
a ejercer la profesión privada por el Estado,
al que tributan invariablemente.
También a partir de ahora los cuentapropistas
están en la obligación de renovar
la engorrosa documentación de la licencia
comercial, aunque esté en perfecto orden,
como si fuera por primera vez, cada dos años.
Se introduce, además, con carácter
permanente, cada dos años, la presentación
a la ONAT de la autorización del Instituto
de la Vivienda por el uso de la propia vivienda
del cuentapropista con fines comerciales, aunque
posea la propiedad del inmueble, y con la equivalencia
de un nuevo impuesto añadido, pues tiene
que abonar alrededor de 340 pesos por año.
"Lo más irritante resulta que nos
comunican todas esas imposiciones restrictivas
de repente. Nos dan un plazo desde el 8 de julio
al 1 de agosto, menos de un mes, para gestionar
y encontrar trabajo, cuando las plantillas de
las empresas están saturadas y hasta infladas.
Y precisamente en estos meses de verano, en que
casi todo el personal burocrático está
de vacaciones. Los de la ONAT fueron categóricos:
¡Quien no presente los documentos el primero
de agosto, se le retira la licencia!", expuso
Alberto Suárez Hernández, cuentapropista
de esa localidad, fuente de la información.
"Los trabajadores particulares -añadió-
brindamos a la población productos y servicios
que el estado no es capaz de garantizar, o sólo
irregularmente, y no nos vende útiles ni
materia prima para nuestro trabajo".
Entre las prestaciones de servicios a la población
de Candelaria que ofrecen los cuentapropistas,
están: reparación de bicicletas,
de fogones de keroseno y gas, ponchera, zapatería,
artesanía, taxi, barbería, carpintería,
gastronomía y mecánica automotriz
que, paradójicamente, en toda Candelaria
no existe ningún taller estatal que oferte
ese servicio a la población. Tampoco de
reparación de coches tirados por caballos,
principal medio de transportación interior.
"Hay un taller estatal de reparación
de equipos electrodomésticos y electrónicos,
pero por lo general no tienen asignación
de piezas de recambio para resolver los problemas
del cliente. La iniciativa privada es diferente.
Buscamos las piezas donde sea. Yo compro radios
y televisores en desuso para aprovechar sus componentes,
o voy a La Habana y recorro sus tiendas para comprar
las que el Estado comercializa. Conmigo es muy
difícil que el cliente quede insatisfecho:
reparación con calidad, buen precio y garantía",
enfatizó Hernández Suárez,
técnico de radio y televisión.
Los trabajadores privados de Candelaria están
muy disgustados por las nuevas restricciones.
Uno de ellos, que prefirió el anonimato,
declaró a la prensa independiente:
"Es un abuso. No saben qué inventar
para quitarnos la licencia. Si no cumplimos una
sola de las normativas nos quedamos sin el permiso
comercial. Encima nos caen los inspectores ¡No
hay quien pueda con esto!"
Lázaro Lemus, del colindante pueblo de
San Cristóbal tiene su propia historia:
"Mi oficio es soldador. Aunque es tan necesaria
mi labor, hace como ocho años que estoy
desempleado. Cuando encuentro trabajo al poco
tiempo me sacan, no porque trabaje mal o sea indisciplinado.
Durante la obligatoria investigación descubren
que soy activista de derechos humanos y me consideran
'no confiable'. Cada vez que he intentado obtener
licencia para ejercer la profesión por
cuenta propia me la niegan por esa misma razón
política".
Después del triunfo insurreccional del
primero de enero de 1959, comenzó la oleada
de confiscaciones de empresas privadas, comenzando
por las mayores y terminando con los pequeños
negocios familiares, de lo que no escaparon el
sillón de limpiabotas y el del barbero,
segados por la hoz exterminadora de toda iniciativa
privada de mercado.
La caída del bloque soviético,
del que Cuba hizo casi absoluta dependencia económica,
motivó tibias reformas en la década
de 1990, cuando se creó una minúscula
economía de mercado, aunque cercada siempre
por los múltiples tentáculos del
centralismo estatal.
De nuevo La Habana aprieta las clavijas a la
iniciativa privada que, aunque casi pulverizada,
demuestra su prevalencia en la libre competencia.
Se ha anunciado que a partir de octubre sólo
se mantendrán en vigencia 118 oficios,
y no se otorgarán nuevas licencias a 40
renglones, aunque hace varios años fue
paralizado el otorgamiento de permiso comercial
por completo, desoyendo, incluso, un llamado al
gobierno de La Habana de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal)
del presente año ("Política
social y reformas estructurales: Cuba a principios
del siglo XXI"), que recomienda dar libertades
a la iniciativa privada cuentapropista, que representa
sólo el 2,1 por ciento de la fuerza laboral.
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