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Gobierno
cubano intenta lograr la cooperación de la Unión Europea
Miriam Leiva
LA HABANA, enero (www.cubanet.org) - El gobierno de Cuba entregó el
23 de enero a la Unión Europea (UE) la solicitud formal de adhesión
al Acuerdo de Cotonou, firmado por esa entidad con 77 países de África,
Caribe y Pacífico (ACP) en el 2000. Reinició así los
infructuosos intentos de desconocer los requerimientos del Viejo Continente y
beneficiarse de sus contribuciones bajo la sombrilla de las naciones
subdesarrolladas.
El Acuerdo de Cotonou prevé garantizar condiciones preferenciales de
acceso al mercado de la UE durante un período transitorio de ocho años,
mientras se negocian a partir de 2004 acuerdos de liberalización
comercial con los grupos regionales más avanzados. También otorgará
un paquete financiero hasta el 2005 por 13,500 millones de euros del Noveno
Fondo Europeo de Desarrollo, más nueve mil millones no utilizados
previamente en el marco de la Convención de Lomé establecida en
1975.
La posición de las autoridades cubanas hacia el Acuerdo de Cotonou ha
sido vacilante. En febrero de 1998 obtuvo el status de Observador de la ACP. En
abril, el periódico Granma citaba la expresión del ministro de
Comercio Exterior, Ricardo Cabrizas, en una reunión de Cariforum: "La
participación de una representación cubana en este encuentro
pudiera significar la primera expresión concreta de una Cuba integrada,
como parte indisoluble del Caribe, al acuerdo que deberá sustituir la
actual Convención de Lomé". Y continuaba el diario: "Una
eventual participación cubana nos integraría más al Caribe,
facilitaría la inserción en la economía mundial e
institucionalizaría nuestras relaciones con la Unión Europea. Cuba
defiende el principio de que la negociación debe estar basada en los
principios de soberanía, autodeterminación e igualdad entre los
estados, sin condicionamientos para ninguna de las partes".
Con posterioridad, el gobierno cubano participó en todas las
reuniones destinadas a concluir el nuevo acuerdo, y el 2 de febrero de 2000
presentó formalmente al Consejo de Ministros ACP-UE su solicitud de ser
signataria, lo que confirmó el 10 de marzo. Sin embargo, el 26 de abril
comunicaba el retiro de su solicitud "en respuesta a la decisión de
la UE de mantener una política discriminatoria e injusta hacia Cuba,
manifestada ostensiblemente en el marco de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, y en oposición a las presiones y condiciones que trató
de aplicar la Unión para aceptar la incorporación de nuestro país
al nuevo Convenio", según reportó Granma. Pero continuó
su actividad en el marco de la ACP y en diciembre fue admitido como miembro 78
del grupo.
En realidad, debía esperar semejante actuación de la Unión
Europea, la cual únicamente con Cuba no ha establecido un convenio de
cooperación en América Latina. Desde noviembre de 1996, la UE había
definido su "Posición Común" con el objetivo de "alentar
un proceso de transición a una democracia pluralista y al respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una recuperación
sostenible y la mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano".
Simultáneamente, sus hombres de negocio han acometido inversiones
directas o en empresas mixtas, y comerciado y promovido el envío de
turistas. Sin embargo, desde que en 2001 el gobierno cubano comenzó a
amortizar al contado las adquisiciones a empresarios de Estados Unidos, los
europeos se quejan de falta de pago por los créditos concedidos a corto
plazo para financiar las compras cubanas. Asimismo, al incrementarse la crisis
económica en el país se desalientan a invertir.
Además, desde 1993 la Comisión Europea ha financiado programas
de asistencia humanitaria ascendentes a 125 millones de euros, utilizados en
parte para acciones de seguridad alimentaria, y se acometen nuevos proyectos.
En este contexto, el presidente Fidel Castro anunció "la
aceptación de la propuesta caribeña de que Cuba se reincorporara a
las negociaciones para ingresar al Acuerdo de Cotonou", durante un
encuentro de sus ACP efectuada en La Habana a comienzos de diciembre de 2002.
Días después, el Consejo de la Unión realizó la
reunión semestral para evaluar los progresos respecto a los
planteamientos de la Posición Común hacia Cuba, y acordó
posponer la próxima consideración para dentro de un año.
Evidentemente, las conversaciones sostenidas en octubre con un viceministro de
Relaciones Exteriores y otros contactos no habían producido avances. Por
entonces, también el Parlamento Europeo concedió al opositor
cubano Oswaldo Payá Sardiñas el Premio Sajarov por la Democracia y
la Libertad de Expresión, y tuvo que efectuar ingentes esfuerzos para que
se le concediera permiso para viajar a recibirlo. Esto último causó
profundos disgustos en la dirección gubernamental cubana.
Mientras las relaciones con la UE denotan un deterioro, llama la atención
la utilización del marco ACP para procurar los beneficios que propicia la
institución a los países desarrollados. Acaso prevé que la
presión del grupo pueda permitirle sortear los requerimientos respecto a
la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, éstos están
igualmente presentes en el Acuerdo de Cotonou.
La crisis económica que ha ocasionado el inflexible sistema impuesto
por el gobierno cubano se puede profundizar ahora al aumentar los precios del
petróleo, y estar en una cuerda floja el suministro procedente de
Venezuela en condiciones preferenciales, depauperarse la industria azucarera,
caer los precios de sus productos de exportación, reducirse el turismo y
no tener a quien asirse.
Es de esperar que la Unión Europea sea consecuente con sus
posiciones, no afloje sus condiciones por el hecho de cambiarse el escenario de
negociación.
Esta información ha sido transmitida por teléfono,
ya que el gobierno de Cuba no permite al ciudadano cubano acceso privado a
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