Pablo Alfonso.
El
Nuevo Herald, enero 26, 2003.
Al Proyecto Varela no le ha ido muy bien con la denominada Constitución
Socialista. Mientras que la dictadura cubana afirma que el proyecto es
''inconstitucional'', los sectores más radicales del exilio cubano alegan
que legitima la Carta Magna Socialista.
La paradoja salió de nuevo a la luz pública el jueves cuando
Miguel Alvarez, asesor del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
Ricardo Alarcón, afirmó en La Habana a la prensa internacional que
el Proyecto Varela ''vulnera nuestros principios constitucionales'', según
concluyó en noviembre del año pasado en un informe la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de ese organismo.
Hace un par de semanas, durante la visita que realizó a Miami el
dirigente opositor Oswaldo Payá --principal auspiciador del Proyecto
Varela--, un grupo de 14 organizaciones del exilio publicaron un documento
negando su apoyo al proyecto y señalando que esa iniciativa "no
representa un instrumento viable para lograr la democracia en Cuba, puesto que
el proyecto busca reformas dentro de la estructura del actual régimen y
su Constitución''.
¿En qué quedamos? ¿El Proyecto Varela es
''inconstitucional'' o, por el contrario, legitima la Constitución del régimen?
Por lo pronto, mientras los que se enzarzan en estas bizantinas
disquisiciones ''constitucionales'' continúan sus alegatos, la oposición
ha dado un nuevo paso para cuestionar a la dictadura, desde su propia legalidad.
El miércoles, dirigentes de la Asamblea para Promover la Sociedad
Civil en Cuba, pidieron formalmente a la Fiscalía General de la República
que se investiguen supuestas ''irregularidades'' ocurridas durante la votación
del pasado domingo 19 de enero.
Firmado por 18 opositores --Marta Beatriz Roque, Félix Bonne, René
Gómez Manzano, Tania Quintero, María Valdés Rosado y
Fernando Sánchez, entre otros--, el documento expresa que el mismo se
fundamenta en el párrafo primero del artículo 118 de la vigente
Ley de Procedimiento Penal, "con el fin de dar cumplimiento a lo que, de
conformidad con lo preceptuado en el número 116 del propio cuerpo legal
antes mencionado, constituye una obligación de todas las personas''.
El documento cita concretamente nueve posibles delitos cometidos en el
proceso de votación y pide a la fiscalía ''tramitar esta formal
denuncia, ordenando las investigaciones y trámites pertinentes'', así
como, "realizar los restantes pronunciamientos que correspondan con arreglo
a derecho''.
Los delitos enumerados en la denuncia son:
• Infracción de las disposiciones de la vigente Ley Electoral.
• Abuso de autoridad, previsto y reprimido en el artículo 133
del vigente Código Penal.
• Prevaricación, del artículo 136 del propio cuerpo legal
recién mencionado.
• Desobediencia, prevista en el número 134 del mismo Código
Penal.
• Privación de libertad, contemplada en el artículo 279
de la misma Ley No. 62.
• Coacción, según lo previsto en el numeral 286 del mismo
código represivo.
• Delito contra el derecho de igualdad, reprimido en el artículo
295 del referido Código Penal.
• Difamación, del número 318 de ese propio código
de lo criminal.
• Daños, previsto y sancionado en el artículo 339 de la
misma Ley No. 62.
Es probable que esta valiente denuncia no prospere como es debido. Tal vez
un sesudo informe de la Fiscalía General establezca que es
''inconstitucional''. Hasta cabe la posibilidad de que para algunas de las
organizaciones más aguerridas del exilio, resulte ilegítimo
reclamarle derechos a la dictadura apelando a su propia legalidad. Quizás...
todo es posible cuando se trata de los extremos.
Pero no cabe dudas de que estos opositores, al igual que quienes promueven
el Proyecto Varela y cualquier iniciativa democrática dentro de Cuba, están
retando a la dictadura en su propio terreno.
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