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El debido
proceso, un caso perdido
Ana Leonor Díaz, Grupo de Trabajo Decoro
LA HABANA, abril (www.cubanet.org) - Ser acusado en un juicio por supuesta
violación de las leyes de seguridad del Estado en Cuba se convierte en un
caso perdido en los tribunales.
No se trata de que al acusado le prohiban tener un abogado defensor -toda
persona tiene ese derecho, según la ley. Pero es un asunto de
posibilidades, porque a los abogados no les gusta perder un caso, y en los
juicios por causa política en Cuba, en los 44 años de régimen
comunista, no ha habido nadie acusado de "contrarrevolucionario" que
haya sido absuelto. En contadas ocasiones, -una madre de niño en brazos,
un enfermo terminal- las sentencias han sido conmutadas de 30 a 20 años,
no menos.
El sistema legal cubano -debilitado por el régimen totalitario- está
basado en un esquema donde nadie puede beneficiarse del debido proceso en un
juicio justo o la benevolencia.
En Cuba existen poco más de cuatro mil abogados que ejercen la práctica
en asuntos empresariales y comercio, temas civiles como matrimonios, pleitos por
divorcio o procesos de herencia. Pero no hay muchos que ejerzan el Derecho
Penal; apenas un centenar que asumen de buen grado casos por robo, malversación,
e incluso asesinatos. Pero rehusan defender a activistas políticos
opositores y periodistas independientes, porque los consideran casos perdidos de
antemano.
Esto fue lo ocurrido esta semana a 78 disidentes y periodistas alternativos,
acusados de traición por relacionarse con una potencia extranjera
(Estados Unidos), y enfrentan penas de entre 12 años de prisión a
cadena perpetua. Todos habían sido detenidos y sus casas registradas
prolijamente unos 15 días antes, en la mayor ola represiva contra la
oposición de los últimos 35 años.
A las madres y esposas de los detenidos se les dio apenas 48 ó 24
horas para nombrar abogado en juicios sumarísimos, es decir, procesos de
breve duración (una sola sesión) sin testigos ni evidencias.
Laura Pollán, esposa del disidente político y periodista
independiente Héctor Maseda, buscó los servicios de un famoso
abogado penalista de la Habana Vieja para que defendiera a su esposo de una
acusación por la que piden 20 años de prisión. El abogado
declinó, diciendo que involucrarse en un juicio político implica
una causa perdida de antemano.
Debido a la escasez de abogados penalistas, la jefa de un bufete oficial (únicos
que se permiten en la isla) en Centro Habana obligó a los miembros de su
oficina a asumir los casos de los detenidos políticos después que
la única abogada que asumió siete casos debió renunciar por
una repentina enfermedad que la forzó a guardar cama. Así, el
plazo para preparar la defensa fue de apenas una jornada de trabajo y, en todos
los casos, los acusados no tuvieron acceso a sus abogados: sólo la
declaración de sus familiares y las pruebas que pudieran aportar.
Yolanda Huerta, esposa del poeta disidente y periodista Manuel Vázquez
Portal, para quien el fiscal pedía 18 años de prisión, pudo
firmar contrato con un letrado el día antes del juicio sumarísimo,
a celebrarse en el municipio Marianao, al otro extremo de la ciudad.
La modalidad de juicio sumarísimo se ha aplicado por los ejércitos
en algunos países sólo en caso de estado de guerra, y ello está
contemplado en la legislación cubana. Sólo que el gobierno,
oficialmente, no lo ha declarado o al menos la opinión pública no
lo sabe. De ahí la razón de los juristas que cuestionan el debido
proceso en los juicios contra los disidentes, un caso perdido de antemano.
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