Eudel Eduardo Cepero.
El Nuevo Herald,
junio 5, 2002.
Nuevamente el gobierno mexicano está ante la disyuntiva de votar en
contra del gobierno cubano en una reunión internacional, en esta
oportunidad para defender otro tipo de derecho universal: el que tenemos todos a
que las tortugas de carey no desaparezcan del planeta.
La tortuga de carey se considera en estado de extinción crítico
y por ello está incluida en el
Libro Rojo de la Unión
para la Conservación de la Naturaleza, que registra las especies más
amenazadas. Además, la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) establece la protección de la tortuga de carey
dentro de su apéndice I, el cual incluye la prohibición del
comercio internacional para las especies registradas.
A pesar de ello, en el año 1997 el gobierno cubano realizó el
primer intento por anular esa prohibición en la Conferencia de las Partes
de CITES celebrada en Harare. Afortunadamente, la tesis presentada no logró
los votos necesarios y el carey permaneció protegido. Sin embargo, en
abril del año 2000 elaboraron nuevos argumentos, los cuales desplegaron
ante la XI Conferencia de las Partes de la Convención CITES celebrada en
Nairobi, Kenya. En esa oportunidad las autoridades cubanas presentaron dos
solicitudes: la primera encaminada a comercializar unos seis mil kilogramos de
conchas y la segunda para capturar hasta 500 ejemplares anuales en la zona de
Cocodrilo, al suroeste de la isla de Cuba.
Por suerte, los delegados de 150 naciones reunidos en Nairobi negaron al
gobierno cubano el permiso para vender las conchas de carey al Japón en
una subasta. Ante el fracaso, y debido al amplio rechazo que recibió la
primer iniciativa, finalmente decidieron retirar de la votación la otra
propuesta, la encaminada a capturar y comercializar la especie.
A pesar de lo anterior el gobierno cubano mantiene con tozudez el interés
en lucrar con la especie y por ello ha comenzado a divulgar una propuesta para
pasar el quelonio del apéndice I al apéndice II de CITES y con
ello lograr finalmente comercializar las ahora más de 7.9 toneladas de
escamas de carey al Japón. La insostenible
formulación
será presentada ante la próxima Convención de CITES a
efectuarse en Santiago de Chile, en el mes de noviembre. Según el
gobierno cubano, los mares del archipiélago son un paraíso para el
carey, donde afirman existe una población que excede los 10,000
ejemplares gracias a los sostenidos esfuerzos de sus instituciones, y por ende
comercializar la especie en sus aguas territoriales no implicaría peligro
de extinción para la misma.
Sin embargo, en una
carta
enviada por Greenpace México
al maestro Víctor Lichtinger, secretario azteca de Medio Ambiente, se
refutan categóricamente esos argumentos: está demostrado (por
científicos cubanos) que hasta 10 por ciento de las tortugas que capturan
en el oeste de la isla de Cuba tienen haplotipos que únicamente se han
encontrado en tortugas anidadas en México. Es claro que una parte
significativa de las 7.9 toneladas de concha de carey que Cuba pretende exportar
a Japón está compuesta por conchas de tortugas mexicanas.
Por otro lado, el simple hecho de permitir la venta de conchas de carey
establecerá la reapertura del comercio internacional (y el consecuente tráfico
ilegal) que ha sido identificado como la causa principal de la dramática
disminución de las poblaciones de carey en el mundo.
A lo anterior debe agregarse algo aún más alarmante: debido a
la ausencia de carne de res la población cubana lleva años
tratando de paliar esa carencia mediante el sacrificio ilegal del carey en las
costas cubanas. Para valorar la dimensión del problema baste considerar
que en un breve reportaje aparecido el mes pasado en la televisión
gubernamental de la isla se afirma que entre 20 y 30 quelonios son muertos
diariamente por pescadores furtivos. De esta forma se está hablando del
sacrificio de más de 7 mil ejemplares al año. Aproximadamente el
70 por ciento de la población de carey que, según el gobierno,
existe en los mares cubanos.
Por ende, se puede afirmar que el fracaso económico del modelo
dictatorial cubano, y específicamente su incapacidad para suministrar
carne de res al pueblo, es causa directa de impacto ambiental letal sobre una
especie en peligro de extinción.
Una vez más el gobierno mexicano tiene la oportunidad de valorar los
intereses del pueblo cubano, en este caso mediante el respeto de su propia
legislación ambiental, accediendo a la clara petición de Greenpace
México: rechazar cualquier propuesta (de Cuba o cualquier otro país)
que busque reabrir el comercio internacional con tortugas marinas dentro del
marco de la CITES.
Como ecologista cubano, pido disculpas ante la comunidad internacional,
porque bajo el nombre de nuestra patria se le hace esta irrespetuosa e
irresponsable propuesta. Al mismo tiempo nos unimos a la petición
mexicana y la extendemos al resto de los países que se reunirán en
Santiago, conscientes de que sólo cuando los derechos de los cubanos se
respeten, Cuba podrá ser parte cabal de CITES.
cubaeco@aol.com
© El Nuevo Herald
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