La razón, los derechos y la justicia humana
Héctor Maseda, Grupo Decoro
LA HABANA, mayo - La Iglesia Pentecostal Unida de Cuba (IPUC) sufre las consecuencias de una feroz represión por el gobierno cubano desde 1996, al desconocer éste su existencia en el país y debido a la posición apolítica que sostiene esta agrupación
religiosa.
"A partir de ese año, varios pastores fueron reprimidos por defender el inviolable principio cristiano de ser apolíticos", denunció el reverendo Santos Osmani Domínguez Borjas, Obispo y presidente de esta congregación.
Bienes de la IPUC han sido confiscados (Puerto Padre, 1996), sus templos cerrados o demolidos, y en algunas ocasiones ocupados por pastores separados de esa asociación, pero que están identificados con el régimen político actual.
"Los pastores de la orden", continúa diciendo el reverendo Osmani, "han sufrido detenciones, hostigamiento, amenazas y maltratos por parte de operativos de la Seguridad del Estado. Incluso se llegó al secuestro, tortura y asesinato, aparentemente por desconocidos,
del reverendo Samuel Jacinto Quid Valdés, quien fuera su secretario ejecutivo nacional. Su cuerpo, con evidentes huellas de tortura, fue encontrado flotando en las aguas del río Almendares, en esta ciudad, el 20 de mayo 1996, sin que hasta el presente sus asesinos hayan sido detenidos
por las autoridades competentes, a pesar de que la directiva nacional de la IPUC insiste periódicamente ante el Ministerio de Justicia para que dé respuesta a tan monstruoso crimen".
La Iglesia Apostólica de Jesucristo (IAJ), que dio lugar a la IPUC, se constituyó en el país a mediados de 1942. Ese mismo año, se inscribió en el registro de religiones del Ministerio de Gobernación de la República de Cuba. En 1974 el nuevo
gobierno solicitó la reinscripción de las diferentes denominaciones religiosas acreditadas en Cuba. La IAJ fue reconocida ante el gobierno provincial, según documento de aceptación número 18383, asentado en el folio 152, tomo 26, expediente número 852,
apartado 2, en el municipio Marianao, provincia Ciudad de La Habana.
Los primeros pastores que presidieron la institución, según relata el obispo Domínguez, se proyectaron contra sus principios y reglamentos. Uno de ellos se mantuvo al frente de la congregación durante 12 años sin hacer elecciones, a pesar de estar reglamentado
que deben celebrarse cada dos años. Esta situación anormal duró hasta el 14 de febrero de 1998, fecha en que se realizó la convención anual. Entre sus conclusiones se tomó el acuerdo de separar de la Iglesia a los hermanos desobedientes y violadores de los
reglamentos. Se llevaron a cabo nuevas elecciones y resultó electo como presidente de la obra el reverendo Santos Osmani Domínguez Borjas, cargo que ocupa en estos momentos.
"Los desobedientes, alentados y apoyados por las autoridades gubernamentales", apunta el entrevistado, "lograron escindir la IAJ y con unos pocos seguidores continuaron su trabajo, ocuparon algunos templos y sembraron la desconfianza entre nuestros miembros. También
intentaron el debilitamiento de los postulados y principios cristianos. Como consecuencia de todo esto, en septiembre de ese año se tomó la decisión de cambiar la denominación de la orden por la de Iglesia Pentecostal Unida de Cuba (IPUC)".
"Podemos concluir", afirma el reverendo, "que ambas denominaciones religiosas se corresponden real y jurídicamente a la misma institución, y por consiguiente la IPUC debe gozar de todos los fueros, deberes y derechos que tuvo mientras se denominó Iglesia Apostólica
de Jesucristo, por ser su única heredera moral y legal en la República de Cuba".
"A partir de ese año 1998", continúa el reverendo, "se recrudecieron las medidas gubernamentales contra la IPUC. Fueron cerrados por el gobierno sus templos en todo el país, continuaron las confiscaciones de los bienes de la Iglesia, detenidos y amenazados sus
pastores. A mí se me ha prohibido salir de unas provincias y entrar en otras, no tengo domicilio fijo y soy perseguido con saña por el aparato represivo gubernamental en cualquier lugar de Cuba. Incluso, como ya he dicho, se ha llegado al secuestro, tortura y asesinato de un directivo
de nuestra asociación".
"Lo cierto es que las autoridades cubanas", finaliza el presidente de la IPUC, "son las máximas responsables de la situación atípica creada entre ellos y nuestra Iglesia, al violar en derecho lo establecido en el artículo 8 de la Constitución de
la República, no ajustarse a lo dispuesto en los artículos 2 y 19 de la Ley de Asociaciones número 54 de 1985, pasar por encima de la cuarta y quinta disposiciones transitorias de la propia ley, olvidar la disposición especial primera del reglamento de la Ley de
Asociaciones, no preocuparse por lo señalado en el artículo 116-1 incisos A, B, C y D del Código Penal vigente en el país, y no tener en cuenta el contenido de los artículos 14-1, 14-2, 18, 20-1 y 20-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
Es triste, muy triste, vivir en un país donde la razón y los derechos no son respetados por la justicia de los hombres.
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