Ernesto Betancourt. Publicado el lunes, 14 de febrero de 2000 en El Nuevo Herald
Las medidas para que el gobierno de transición de la futura Cuba pueda satisfacer condiciones de gobernabilidad requeridas por donantes internacionales, serán las mismas que tendrán que tomarse para restablecer su legitimidad ante el pueblo cubano. Cuba está gobernada
como si la patria perteneciera a un hombre. Por ese motivo el Grupo de Trabajo de la Disidencia planteó que La patria es de todos. El objetivo institucional de la transición debe ser el establecimiento de una organización social que asegure esa meta.
Será necesario sustituir el sistema unipartidario leninista con un sistema multipartidista en el que se convoquen elecciones supervisadas internacionalmente en un período razonable de tiempo. La libertad de expresión, de asociación, de asamblea y de movimiento tendrán
que restaurarse. Los prisioneros políticos deberán ser liberados. La seguridad del estado tendrá que ser disuelta, así como los comités de defensa de la revolución y las infames brigadas de respuesta rápida.
Además, la revolución ha causado un cambio irreversible en la demografía cubana: de ahora en adelante un número considerable de cubanos seguirá viviendo en el exterior en forma permanente. Será preciso otorgar derechos políticos a los cubanos que
deseen continuar viviendo en el exterior pero retener la ciudadanía cubana, o volver a Cuba para vivir de nuevo en la isla como ciudadanos con plenos derechos.
Con el fracaso del colectivismo, el punto central para definir el nuevo papel del gobierno será restablecer la preeminencia del individuo sobre el estado. Una vez aceptada esta idea, un régimen democrático y una economía de mercado son las consecuencias lógicas.
El papel del estado debe definirse en torno a esta idea. El problema de propiedad de los medios de producción es básico para lograr el tránsito a la economía de mercado.
La solución a este problema requiere reconciliar la necesidad de mantener e incrementar la producción al mismo tiempo que se respetan los derechos de propiedad de los afectados por expropiaciones, así como los de aquéllos que ahora trabajan en las empresas. Si a fin
de mantener la paz social o aumentar la producción no es viable devolver una propiedad a su propietario original, entonces deberá existir alguna forma de reconocer los derechos de propiedad de los afectados y proporcionales una compensación pronta y razonable. Esto debe hacerse
mediante un instrumento coherente con la realidad financiera del país.
Al encarar situaciones similares de propiedad estatal masiva de empresas productivas, varios países de Europa oriental desarrollaron lo que se ha denominado ``programas de privatización masiva'' o PPM. La experiencia de la República Checa y de Lituania con las PPM ha sido
ciertamente exitosa, aunque con ciertos problemas, como siempre sucede con los experimentos sociales. Sería aconsejable seguir un esquema similar.
Los objetivos básicos de los PPM son tres: a) comprometer la participación del pueblo en general en el proceso de transformación económica; b) procurar alguna forma de equidad distributiva mediante la distribución de acciones al público general; y c)
privatizar rápidamente un gran número de firmas para profundizar las fuerzas del mercado y la competencia en el ámbito de la economía. Con alguna adaptación, estos criterios son consistentes con las necesidades de la transición de Cuba. El siguiente esquema
describe el proceso de un PPM. En primer término, es necesario identificar quiénes son las partes interesadas en el caso de Cuba cuyos intereses hay que reconciliar: los propietarios anteriores, ya sean nacionales o extranjeros, los trabajadores y gerentes actuales y los posibles
socios nacionales o extranjeros capaces de movilizar el capital, los conocimientos de gerencia, comercialización y tecnología para reconstruir las empresas, así como el propio gobierno y la ciudadanía en general y, en particular, las víctimas de la represión
de Castro. Del mismo modo, los juzgados culpables de violaciones de los derechos humanos automáticamente perderían sus derechos como partes interesadas.
Los antiguos propietarios de empresas existentes obtendrían certificados reconociendo esa propiedad. Los gerentes y trabajadores comprarían su participación con un crédito que amortizarían en el correr de los años. Por último, si el gobierno
hubiera hecho inversiones adicionales en esos años habría que reconocer la parte estatal, la porción que represente la inversión hecha por el estado sería de los ciudadanos en general, con disposiciones para asignar recursos a un fondo para compensar a las víctimas
de la represión de Castro.
Siguiendo la experiencia de los PPM, se emitirían certificados canjeables por participación en el capital de cualquier empresa o mediante fondos de inversión para asignar a diversas empresas. Por tanto, se crearía un mercado para posibles inversionistas, incluyendo
los extranjeros y de la comunidad, alentando la expansión de la producción, lo que es esencial para la reconstrucción de la economía. Al mismo tiempo, debe asegurarse la gobernabilidad eficiente de las empresas. Ofrecer participación en el futuro a todos tiene un
valor educativo intrínseco, reforzando la comprensión de cómo funciona la economía de mercado. Además, se asegura a todos que participarán de la torta mayor que genere la reconstrucción.
Finalmente, hasta ahora no ha habido ningún incentivo a los que están dentro del régimen para apoyar la transición. Castro ha podido presentarla como una amenaza a sus intereses. Es hora de discutir formas concretas de reconciliar los intereses de todos. La noción
de ``la patria es de todos'' también se extiende a los del régimen.
El tema del papel del estado y la privatización fue considerado en un informe presentado en un panel auspiciado por la USAID sobre la transformación institucional en la transición. Este tema también se discutirá en el programa Haciendo Camino que se transmitirá
a la 11:00 a.m. por Radio Martí el 28 de febrero del 2000.
Primer director de Radio Martí.
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