LA HABANA, Cuba, agosto, www.cubanet.org – La noche del pasado 21 de marzo los vecinos del edificio ubicado en San Lázaro 672, Centro Habana, quedaron sin hogar. Los bomberos decretaron la evacuación del inmueble después que se derrumbara de forma parcial. El edificio construido en 1992 tenía orden de desalojo desde 1961 por el deficiente estado técnico que nunca tuvo mantenimiento.
Después de dormir en la calle con su hija y el nieto de un año y medio, Mirta Menéndez Rodríguez una de las damnificadas, se decidió a denunciar a través de Cubanet, la inmovilidad de las autoridades locales.
Publicada la noticia, Mirta fue acusada por los funcionarios públicos de ¨formar foco¨. Aun así, no fue hasta el 26 de marzo que le entregaron el local de una antigua bodega en San Lázaro y Espada, en el mismo municipio.
Entrega de locales inhabitables.
El núcleo de Mirta estaba constituido por 14 personas que dividieron una casa en cuatro, convirtiéndola en ¨cuartería¨. Denominación utilizada por el Instituto de la Vivienda para una propiedad dividida entre varias familias.
Ante la negativa de las víctimas de albergarse en un policlínico, las dirigentes municipales Susana Acea, presidenta del Poder Popular y Olga Lidia Miller, vice presidenta de construcciones encontraron una solución. Entregar de forma transitoria, locales inhabitables.
A Mirta le correspondió compartir espacio con su ex marido, su hija y el nieto. El regreso a la convivencia con el padre de su hija reanudó episodios de violencia doméstica evidentes en la fractura de un dedo y contusiones.
El resto del núcleo fue situado en locales con filtraciones y peligro de derrumbe, en Zanja y Chávez, y Animas y Escobar.
En el transcurso de los meses, salieron a la luz los antecedentes del local entregado a Mirta Menéndez. El sitio perteneciente a la Empresa de Gastronomía y Comercio fue clausurado por tupición en el desagüe que requiere reparaciones subterráneas.
Mirta asegura que ¨el agua está contaminada, llega turbia. Tenemos que buscar agua potable en otras casas¨.
Sin dejarse vencer por la decepción, Menéndez solicitó al gobierno un subsidio para realizar reparaciones y dividir el lugar con el ex marido. Pero la mitad del local no abarca los 25 metros cuadrados necesarios para otorgar dos titularidades. De hacer divisiones internas el Estado podría confiscar una de las partes.
Además le informaron en la Vivienda que no puede recibir ayuda mientras no legalice su permanencia en el local que fue entregado como transitorio. Para lograrlo, los funcionarios públicos consultados le recomiendan construir por sus medios para hacerlo habitable y poder recibir el subsidio.
La solución, contraria a las regulaciones establecidas por las instituciones de vivienda y arquitectura parece fácil, si Mirta contara con recursos. Ella perdió su empleo de modelista ¨A¨ en la Televisión, cuando quedó sin casa. Su hija padece de desórdenes autonómicos. Eduardo, su ex marido se niega a invertir en la construcción de un local de tránsito.
¨Cuando pongo un bloque, motiva una agresión del padre de mi hija¨, comenta Mirta
Contra molinos de viento, Mirta vendió sus muebles y siguió los consejos de los dirigentes locales. Sin licencia de construcción, fabricó la meseta de la cocina, un baño y comenzó a levantar la fachada de la casa., pero se detuvo por falta de recursos.
En el Instituto de la Vivienda le habían dicho que la meseta de la cocina era requisito indispensable para la instalación del servicio de gas para cocinar. De esta forma reduciría los 400 pesos mensuales por el servicio eléctrico y podría reintentar la construcción.
Pero la empresa del gas se negó a instalar el servicio porque el local no tiene ventilación. El patio de la bodega fue cedido a otra familia que hermetizó el área entregada a Mirta.
Construcción ilegal, única solución.
Un funcionario del Instituto de la Vivienda, que solicitó no ser identificado, declaró que ¨los dirigentes que hoy le dicen que construya pueden no estar mañana y cualquiera puede sacarla del lugar, que es transitorio. Eso ha pasado muchas veces¨.
Taimi empleada de la Unidad Municipal de Albergues de Transito (UMAT) que intervino en el caso declaró a Cubanet que la entrega de esos locales era responsabilidad del gobierno municipal. Acepto como única salida, ¨la construcción para el cambiar de concepto¨.
Neri López Jefa de Zona de Gastronomía de Cayo Hueso, señaló la pertenencia de la bodega a su empresa.
Según la funcionaria de gastronomía, Susana Acea, solicitó la bodega para ubicar de forma transitoria a las víctimas del derrumbe. La dirigente considera que de entregar los locales en forma de vivienda priorizarían al personal de la empresa que solicitaron el lugar.
Mirta Menéndez escribió al Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado y no obtuvo respuesta. Ella es evadida por Olga Lidia Miller, quien manifiesta que ya terminó con su caso. El pasado mes, Susana Acea, le ofreció una entrevista, después de agosto.